Más allá de su valor económico, cultural y gastronómico, la vitivinicultura bien gestionada está demostrando ser una herramienta eficaz para frenar la propagación del fuego y proteger tanto el entorno natural como la seguridad de las comunidades rurales. La Comisión Europea (CE) y distintos Estados miembros están impulsando iniciativas que integran esta función estratégica en sus políticas agrícolas, medioambientales y de protección civil, en coherencia con la reciente reforma del sector vitivinícola.